Tribunal Supremo: Tíbet es un estado ocupado ilegalmente y China debe ser investigada por crímenes de guerra

Miembros del Comité de Apoyo al Tíbet posan junto al juez Baltasar Garzón en 2008.

El Tribunal Supremo español dictaminó el pasado 30 de marzo que los crímenes cometidos por China en el Tíbet ocupado entre 1972 y 2004 deberían ser investigado como crímenes de guerra, ha publicado hoy el sitio de actualidad tibetana Phayul. El dictamen quiere decir que el Supremo acepta que Tíbet es un país ocupado, según ha explicado el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) el 3 de abril, añadiendo que el Tribunal Supremo español es el primer cuerpo judicial del mundo en reconocerlo. La decisión del tribunal es la respuesta a la petición tramitada por el CAT y el lama tibetano Thubten Wangchen (director de la Casa del Tíbet en Barcelona) el pasado 10 de septiembre, quienes solicitaban que los hechos denunciados e investigados hasta la fecha fuesen clasificados como una violación seria y específica de la IV Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

Esta resolución se encuentra enmarcada en la demanda por genocidio y otros crímenes que el CAT y otros presentaron el 10 de enero de 2005.

En su petición del 10 de septiembre pasado, los solicitantes pidieron al Supremo que reconociese que el Tíbet es un estado ocupado desde 1950, tal y como ya indicaron en la primera demanda, y denunciaron que el traslado masivo de población china al Tíbet es ilegal, según el artículo 49 de la Convención de Ginebra.

Alan Cantos, director del CAT, ha recibido positivamente el dictamen, diciendo que “es especialmente gratificante ver que algunos jueces y fiscales todavía están evaluando las evidencias y aplicando la ley sin entregarse a otros intereses o presiones. La Justicia Universal debería seguir siendo universal tal y como fue concebida, y no una “ley a la carta” a las órdenes de gobiernos y estados poderosos, o negocios que se sirven de un doble rasero a la hora de aplicar las leyes internacionales”.

Del mismo modo, José Elías Esteve Moltó, vicepresidente del CAT y abogado que llevó a cabo las denuncias, ha declarado que “esta decisión legal muestra la interdependencia de los Derechos Humanos, porque muestra cómo los crímenes internacionales cometidos en Tíbet tienen su fundamento en la ocupación militar del país y son perpetuados negándole sistemáticamente al pueblo tibetano el derecho a la autodeterminación, reconocida por la Asamblea General de la ONU de 1961”.

Esta es una de las demandas por crímenes chinos en Tíbet admitidos por los juzgados españoles. En otra demanda aparte, tramitada el 5 de agosto de 2008 -y cerrada por el juez Santiago Pedráz en febrero de 2010 debido a que el Parlamento modificó las leyes- se denunciaban los crímenes contra la Humanidad cometidos contra el pueblo tibetano entre 2006 y 2008.

El 10 de marzo de 2001, el Tribunal Supremo también decidió que los demandantes de este caso tenían potestad para apelar contra la decisión del juez Pedraz de cerrar el caso. La solicitud del juez de negarles este derecho fue también desestimada.

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