El gobierno chino impone durísimas normas a sus funcionarios y retira las subvenciones a los ciudadanos en Tíbet

Las autoridades chinas en la prefectura tibetana de Malho, donde se encuentra el condado de Rebkong, han anunciado la cancelación de todas las ayudas del gobierno a las familias de los inmolados y de los proyectos de desarrollo previstos para los pueblos y aldeas en las que los tibetanos hayan cometido estos actos de protesta y sacrificio. Durante las últimas tres semanas, diez tibetanos han muerto al prenderse fuego en el condado; el último, un joven de 18 años ayer jueves en Dowa.

El pasado día 9 unos cinco mil jóvenes estudiantes tibetanos organizaron una manifestación pacífica contra la desesperante apatía de las autoridades ante el creciente número de inmolaciones en la localidad de Rongwo, concentrándose finalmente ante el monasterio local. Un día antes, los alumnos de un colegio de Dowa retiraron las banderas chinas de su centro educativo y del edificio del gobierno local.

En una nota oficial emitida el día 14 por la Oficina de la Prefectura de Malho, el Partido Comunista de Malho y los funcionarios han recibido estrictas órdenes de castigar a los inmolados y sus familias, incluyendo incluso a quienes han ofrecido condolencias y oraciones a los parientes y allegados, lo que extiende el castigo a prácticamente el 100% de los tibetanos.

Según un contacto que ha conseguido ponerse en contacto con el Centro Tibetano por los Derechos Humanos y la Democracia (TCHRD), el aviso fue emitido en tibetano y chino en el canal de televisión de Malho.

El primer punto del aviso declara, sin más miramiento, que todas las ayudas del gobierno a las familias de cualquier persona que se haya auto-inmolado se cancelan durante tres años. En este sentido, todas las oficinas del gobierno de la prefectura, a todos los niveles, funcionario a funcionario sin excepción, han recibido órdenes de actuar de forma estricta. Nadie tiene permiso para solicitar ni reanudar las ayudas del gobierno a dichas familias. Los fondos destinados al desarrollo serán cancelados en aquellas poblaciones en las que hayan ocurrido inmolaciones; incluso aquellos proyectos y nuevas infraestructuras que ya hubiesen aprobado con antelación serán cancelados durante tres años.

En las áreas en las que se hayan producido inmolaciones, el Comité del Condado del Partido Comunista de China llevará a cabo sendas investigaciones para asegurarse de que nadie se salta esta nueva normativa y de que los funcionarios “protegen la estabilidad y la armonía”. En caso de encontrarse a alguien que no colabore con el gobierno, dicho funcionario, sin importar que sea a nivel local, municipal o miembro del Partido, será investigado en profundidad y perderá toda posibilidad de ganar incentivos por su buen trabajo en el futuro. De hecho, serán expulsados inmediatamente y otra persona será contratada para cubrir su puesto. El aviso en televisión también anuncia medidas severas de acuerdo con las normas y regulaciones del Partido Comunista y el gobierno nacional contra los funcionarios que -según considere el Partido- no se están esforzando lo suficiente en acatar las nuevas órdenes.

El segundo punto llama a la investigación profunda para determinar si algún funcionario del gobierno ha visitado los hogares de los inmolados para dar el pésame o ha ofrecido dinero a monjes para que celebren ceremonias de oraciones -una práctica habitual en Tíbet-. Los oficiales del condado y municipales así como el Comité del Partido deberán ponerse en contacto con estos funcionarios para advertirles de que no realicen estas visitas. La Oficina de Seguridad Pública -una de las distintas policías del régimen- asegura que sus agentes “golpearán duro” contra quienes no obedezcan esta norma.

El tercer punto solicita a altos cargos de los gobiernos locales y oficiales del Partido que “aconsejen” tanto a monjes como a laicos sobre las consecuencias de visitar las viviendas de los inmolados para ofrecer condolencias o contribuir con rituales de oraciones. Si los miembros de los Comités de Gestión de Monasterios son encontrados culpables de esta falta, los oficiales del Frente Unido de los Trabajadores, la Oficina de Asuntos Religiosos y otras agencias del gobierno se ocuparán de estos casos y les impondrán un castigo. Si una aldea o un monasterio organizan ceremonias de oración y visitas a familias de inmolados, entonces toda la población entera perderá la totalidad de las ayudas del gobierno, y todos los proyectos de infraestructuras y desarrollo se abandonarán durante tres años.

El cuarto punto pide una rápida y exhaustiva investigación para comprobar si cualquier persona, monje o laico, ha acordado con un funcionario o le ha obligado a visitar las ceremonias de oraciones para los inmolados. En ese caso se le impondrá una sanción de acuerdo con la ley tras llevarse a cabo una investigación. En caso de tratarse de líderes de sus comunidades, serán expulsados inmediatamente de su posición, interrogados e investigados.

Si hay abades de monasterios, altos lamas -maestros budistas de especial relevancia- o miembros de Comités de Gestión Democrática involucrados en actos semejantes, la nota asegura que sus monasterios serán clausurados de acuerdo con las leyes y se tomarán medidas para “purgar” dichos centros religiosos “inestables”, imponiéndose un duro castigo a quienes intenten organizarse, ya sea a título personal o en cualquier forma de grupo o asociación.

Finalmente, el quinto punto advierte de nuevo al grueso de los funcionarios, sin importar su rango o posición, que las consecuencias de dar el pésame a los familiares de los inmolados o contribuir a las ceremonias funerarias serán el despido inmediato, seguido de una investigación y un castigo. Los funcionarios han recibido también la orden de hablar en público sobre la implementación de todas estas medidas y están obligados a informar al Partido y a las oficinas del gobierno inmediatamente si descubren cualquier caso de rebeldía tibetana.

En su introducción, según explica el TCHRD, el aviso menciona varios de los incidentes que se han producido últimamente en Malho, como manifestaciones y concentraciones de protesta ciudadana, poniéndolos como “mal ejemplo para todos, dañando no sólo la estabilidad de la Provincia de Gansu, sino también la de toda la Nación”.

Por supuesto, como es habitual en cualquier comunicado del gobierno chino en relación a las protestas de los tibetanos, se le echa la culpa una vez más de todo el conflicto a “la camarilla del Dalai”, acusando a Su Santidad directa y personalmente de “incitar a niños de escuela a crear problemas e inestabilidad”. También, la nota muestra el rechazo del Partido Comunista y el gobierno chino a usar la palabra “mártir” para referirse a los mártires por parte de “la camarilla del Dalai”. Llama la atención que el gobierno chino crea que es el Dalai Lama quien azuza a los jóvenes a protestar cuando es casi imposible que cualquier tibetano se comunique con cualquier país extranjero -o viceversa- y el propio Dalai Lama es, muy probablemente, la persona más estrechamente vigilada por los servicios de inteligencia del régimen.

Precisamente, el propio Dalai Lama repitió de nuevo hace unos días sentirse muy triste por la sucesión de inmolaciones. Ayer, durante su visita a Japón, el ex-Primer Ministro nipón, Shinzo Abe, declaró´: “Juro que haré todo lo que esté en mi poder para cambiar la situación en Tíbet, donde los Derechos Humanos están siendo eliminados. Tíbet busca libertad y democracia, y estamos de acuerdo con estos valores”. Su Santidad el Dalai Lama ha insistido recientemente en que si alguien puede cambiar la situación del conflicto, es el gobierno chino.

Por su parte, Lobsang Sangay, Primer Ministro del gobierno tibetano en el exilio, ha declarado una y otra vez desde que fue elegido democráticamente que las inmolaciones le producen una gran tristeza y que el gobierno exiliado desaprueba esta forma de protesta, aunque comprende las causas que llevan a los tibetanos en Tíbet a tal punto de desesperación.

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