La Audiencia Nacional contradice al gobierno en su intento de no juzgar a altos cargos chinos

Cadena Ser — Desafío de la Audiencia Nacional a las aspiraciones del ejecutivo de recortar el acceso a la justicia universal.

La sección 4ª de la Sala de lo Penal ha confirmado la validez de las órdenes internacionales de detención expedidas contra cinco exlíderes del régimen comunista chino, rechazando el recurso que interpuso el fiscal Pedro Martínez Torrijos cotnra esta decisión. Los cinco exlíderes chinos, entre los que se encuentra el expresidente Jiang Zemin, son reclamados por la Audiencia Nacional en el marco de la investigación de los posibles crímenes cometidos contra la población del Tibet en la década de los ochenta.

En su auto, la sala rechaza de plano los argumentos de la Fiscalía contra estas órdenes de detención, y le reprocha incluso que recurriera esta decisión del juez dos meses más tarde, “cuando decidió darse por notificado”, y utilizando unos argumentos y motivos “que de sobra conocía dos meses antes”. En su recurso la Fiscalía señaló que las órdenes de arresto, aparejadas a un teórico auto de prisión provisional no escrito por el juez, causaron “un fuerte malestar” en el Gobierno chino.

La sala también aprovecha para pedir al juez Ismael Moreno que dicte cuanto antes las órdenes de detención, algo que todavía no ha hecho. Fue la propia sala la que ordenó al juez dictar estos arrestos al apreciar indicios de delito en la actuación de los exlíderes chinos, después de que el magistrado no encontrara razones para hacerlo.

Desafío a las políticas del Gobierno sobre justicia universal

Este auto de la Audiencia Nacional llega precisamente en un momento delicado para el ejercicio de la justicia universal en nuestro país. El próximo martes, el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados su proposición no de ley, de reforma de las leyes sobre justicia universal, una reforma que afectaría directamente a este caso: el Partido Popular pretende que uno de los requisitos para poder denunciar estos crímenes sea que los denunciantes tuvieran la nacionalidad española cuando se cometieran, algo que no sucede en este caso.

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