Human Rights Watch vuelve a pedir a China que detenga el desalojo de Larung Gar

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Human Rights Watch, una de las organizaciones más importantes de observación de los Derechos Humanos a nivel mundial, publicó un comunicado el pasado miércoles rogando a las autoridades chinas que pongan fin a la expulsión y reeducación política de los monjes y monjas expulsados de Larung Gar. Según información obtenida directamente del abad de la comunidad budista más grande del mundo, las autoridades chinas anunciaron hace pocos días que 3.225 viviendas deberían ser derribadas para el 30 de abril.

Muchos de los religiosos que ya han sido expulsados de Larung Gar y del cercano Yachen Gar han sido obligados a permanecer dentro de los límites de lo que China considera “Región Autónoma del Tíbet” y se han visto sometidos a restricciones de libertad incluso más estrictas que para el resto de tibetanos, además de recibir un trato denigrante. En noviembre de 2016 el gobierno obligó al menos a un grupo de varios cientos de monjas a recibir su “reeducación patriótica”, que fueron además humilladas en público en Nyingtri.

“Entre 2016 y lo que va de 2017, un total de 4828 monjes y monjas se han ido de Larung Gar, y ahora unas 250 monjas van a ser expulsadas también”, dijo el abad durante un mensaje dirigido a los habitantes de Larung Gar el pasado día 23. “Aquellos que se han ido no querían irse. Se fueron en contra de su voluntad. Y sin importar que tuvieran o no algún otro sitio a dónde ir, tuvieron que irse igualmente”.

 

“China está desmantelando de forma agresiva la libertad religiosa y en general toda la vida religiosa de Larung Gar sometiendo a muchos de los expulsados a reeducación forzosa”, ha dicho Sophie Richardson, directora para asuntos chinos de Human Rights Watch. “Las restricciones que se han impuesto a los ex-residentes deberían levantarse, para que puedan ejercer plenamente su derecho a practicar su religión, incluyendo la posibilidad de unirse a instituciones religiosas y observar los rituales”.

En noviembre de 2016, siete expertos de la ONU escribieron una carta al gobierno chino solicitando información detallada sobre las expulsiones masivas de monjes tibetanos, chinos y de otras minorías de los asentamientos de Larung Gar y Yachen Gar. El comunicado también pedía a Pekín proporcionar datos sobre los fundamentos legales de las demoliciones y expulsiones, y qué pasos se habían dado para reubicar y realojar a los que habían desahuciado. Además se pidieron explicaciones sobre la aparente falta de contactos con los líderes religiosos, la intromisión de funcionarios públicos en asuntos religiosos, y qué pasos darían las autoridades para asegurar el derecho a la libertad religiosa”, añade Richardson.

“La conducta de China en Larung y Yachen Gar muestra una falta de respeto cruel e inflexible por la libertad religiosa. Las autoridades chinas pueden deshacer parte de los problemas causados dando el alto a la destrucción de esta comunidad, atendiendo de forma justa las necesidades de los religiosos y proporcionando explicaciones transparentes sobre su comportamiento en Larung Gar y en Nyingtri”.

Desde que China entró en territorio tibetano en 1949, más de 1,2 millones de tibetanos -de un total de seis- han muerto, más de 6.000 monasterios han sido destruidos y se han cometido asesinatos, violaciones, encarcelamientos arbitrarios, torturas y una degradación cruel e inhumana de los tibetanos que viven en su propio país. Por su parte, Pekín sigue insistiendo en que todo forma parte de una “liberación pacífica”.

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